Nueva Constitución y post
constituyente: Descentralización
Marko
Razmilic, presidente Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).
Estamos a punto de cumplir dos años desde el inicio de
un proceso sociopolítico que concluirá en cambios determinantes
y sustantivos para las próximas décadas. Como país hemos depositado la confianza en la Convención
Constitucional, de la cual se espera que construya los consensos de alta
profundidad estratégica que nos permitan recuperar el necesario horizonte de
certidumbre y confianza para responder a las actuales necesidades económicas,
sociales, territoriales, políticas y culturales del país.
En este proceso, desde el sector empresarial hemos
marcado énfasis, entre otros, en la importancia de garantizar aspectos básicos
como el derecho a la libertad de emprendimiento y asociación; derecho de
propiedad privada; fortaleza institucional; provisión mixta de bienes públicos;
y, por supuesto, la descentralización, camino latamente impulsado por nuestro gremio
desde su origen, un 4 de octubre de 1944.
El rol de las y los convencionales constituyentes es
fundamental para abrir los cerrojos centralistas y permitir una
descentralización real. Es cierto que la Convención no tiene una varita mágica,
y que la larga lista de cosas por hacer deberá ser viabilizada vía leyes y
reglamentos, generales y simples, con el concurso de los poderes del Estado.
Para garantizar que este ejercicio post constituyente se haga sin Enclaves
Centralistas es necesario asegurar en la Convención la denominación explícita
de Chile como un Estado Unitario Descentralizado, donde coexistan en un mismo
nivel el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos -ya no
administraciones- Municipales, cada uno con claras competencias y
financiamiento descentralizado debidamente asegurado.
De esta manera, podremos avanzar gradualmente hacia
los derroteros que nos hemos planteado durante tanto tiempo y que serán materia
post constituyente; por ejemplo, el fortalecimiento de las competencias y mayores
recursos para los gobiernos regionales y municipales; la descentralización
decisional y financiera de las seremis y direcciones de servicios, con una mención
especial para Bienes Nacionales y la administración del borde costero; el uso
de incentivos tributarios para la localización de empresas en regiones, y la
consecuente destinación regional de una fracción de tributos; y -por último-, así
como lo estamos promoviendo y acordando en el sector privado, el Estado y sus
licitaciones y compras públicas debe ponderar especialmente a los proveedores
regionales, que son el motor del país.
Se trata de una tarea que nos necesita en unidad
regional y nacional y que demandará de nosotros una alta capacidad para el
diálogo y la cooperación, una tarea también para la próxima elección
presidencial, parlamentaria y de consejos regionales.
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